El Gasto en Salud: ¿En qué se invierte?
México asigna alrededor de 5.5 %–5.7 % de su PIB a salud; algo más de la mitad proviene del erario y el resto del bolsillo de los hogares y aseguradoras. En 2023 el Congreso autorizó 937 milmillones de pesos (2.8 % del PIB), pero el gasto ejercido fue 875 milmillones, el mayor subejercicio del decenio . Aun así, el gasto público se acercó a 3 % del PIB, su máximo desde 2016 . Para 2025 el gobierno proyecta 2.2 billones de pesos, equivalentes al 34 % del gasto federal, con prioridad para infraestructura, medicamentos y la expansión de IMSS-Bienestar .
Dentro del sector público cuatro rubros consumen la mayor parte del dinero: nómina (≈40 %), compra de medicamentos, operación corriente y obra física. IMSS e ISSSTE absorben la mayoría porque cubren a trabajadores formales, mientras IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud atienden con menos presupuesto per cápita a 35 % de la población, ampliando la inequidad. La inversión física, sin embargo, repunta: el IMSS elevó de 6 158 a 19 108 mdp su presupuesto de mantenimiento entre 2019 y 2024, un alza de 210 % . Además, el plan 2024-2026 prevé terminar 56 hospitales inconclusos, modernizar 292 unidades de primer nivel y adquirir más de 12 000 equipos biomédicos. El plan también incluye aumentar plazas para médicos especialistas en zonas rurales. Paralelamente, la Megafarmacia del Bienestar centraliza la distribución de medicinas para lograr un surtimiento superior al 97 % tras la crisis 2019-2021.
El gasto privado, que representa alrededor de 47 % del total, proviene sobre todo de pagos directos: 49.4 % del desembolso nacional lo cubren las familias, la proporción más alta de la OCDE . Esos pagos incluyen medicamentos de patente, consultas en consultorios de farmacias e intervenciones en hospitales que reinvierten utilidades en resonadores, quirófanos híbridos y robots quirúrgicos. Solo uno de cada diez mexicanos posee seguro de gastos médicos; aun así, el número de asegurados creció de ocho a más de doce millones en una década , impulsado por planes corporativos y la percepción de desabasto público. Clínicas digitales y plataformas de entrega de medicamentos prosperan, ofreciendo citas virtuales y envíos a domicilio.
Las prioridades difieren. El sector público privilegia amplitud: contratar personal, garantizar abasto de fármacos, reabrir 99 quirófanos clausurados e inaugurar hospitales regionales en zonas desatendidas . El privado compite en diferenciación: comodidad hotelera, esperas mínimas y medicina de precisión. No obstante, confluyen en tres frentes: telemedicina, que creció con la pandemia; convenios de subrogación para resolver cirugías atrasadas; y adopción de plataformas de expediente clínico interoperable y analítica, impulsada por la demanda de datos en tiempo real. Estas interacciones muestran que, aun con incentivos distintos, ambos sectores pueden complementarse para ampliar cobertura efectiva.
Los avances son visibles: presupuestos históricos, inversión física al alza y mayor coordinación público-privada prometen incrementar la oferta de servicios y sofisticar la atención. No obstante, los retos persisten. El gasto público sigue por debajo del 6 % del PIB recomendado por la OMS; la fragmentación institucional mantiene duplicidades y brechas territoriales; y la elevadísima carga de gasto de bolsillo expone a millones a endeudamiento sanitario. Corregir el subejercicio, robustecer las cadenas de suministro, invertir en prevención y emparejar el financiamiento por afiliado serán condiciones indispensables para que la expansión presupuestal y la pujanza privada se traduzcan en un sistema más equitativo, eficiente y resiliente hacia 2025 y la próxima década. Sin ello, las brechas sanitarias podrían ampliarse.
